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A pesar de que son ya dos los casos de supervivientes del 6-F que se han denunciado ante el Comité de Torturas de las Naciones Unidas, esta entidad no podría modificar la sentencia dictada por los tribunales españoles sobre lo ocurrido en El Tarajal aquella infausta jornada.
Así lo confirma a El Pueblo de Ceuta una de las abogadas que está dirigiendo, casi desde el primer momento, las acciones judiciales contra el Ëstado español, Patricia Fernández, presente una vez más el pasado fin de semana en nuestra ciudad para tomar parte de la manifestación por los hechos del 6 de febrero.
“La justicia, digamos, internacional, los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, tienen la posibilidad de reparar, obligar al Estado a reparar esa lesión. Eso puede ser en términos de indemnización económica, pero también pueden obligar al Estado o recomendar al Estado que haga modificaciones legales, modificaciones de norma, no utilización, por ejemplo, de balas, de bolas de goma, o no utilización de determinados mecanismos antidisturbios. Habrá que ver cuál es el contenido de esa reclamación, que nosotros desconocemos, pero sí ponderar. Pero digamos que la decisión de los Comités de Naciones Unidas puede ir tanto desde recomendaciones de política, modificaciones legislativas, indemnización a las víctimas”.
La letrada comenta que “no podría en este caso el Comité, digamos. Otra cosa distinta es que, con base en la resolución del Comité, se puedan adoptar otras acciones legales. Pero, puesto que nosotros tenemos, y puesto que se ha acudido al Comité contra la Tortura, no tendría capacidad de anular la decisión de la Audiencia Provincial de Ceuta. Esto solo se podría hacer o bien por el Tribunal Constitucional o por una resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.
El Constitucional, sin límite de tiempo para fallar sobre el recurso de amparo presentado por las familias
El Tribunal Constitucional no tiene límite de tiempo para fallar sobre el recurso de amparo presentado por las familias de las vícitimas. Según Patricia Fernández “es un tribunal que tiene unos tiempos de tramitación extraordinariamente lentos y no podemos, digamos, discernir cuánto tiempo va a tardar. Queremos analizar si a lo largo del procedimiento ha habido vulneración de derechos fundamentales. Por un lado, el derecho a la vida de las víctimas, si se ha vulnerado su derecho a la vida, si se ha vulnerado el derecho a la vida no solo por su muerte, sino también por no haber hecho justicia por su muerte. Y también está pendiente el recurso de las familias, a las que no sólo se les impidió participar en el procedimiento, sino que además no se les permitió inhumarlos con arreglo a sus creencias”.
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