Ceuta lanza ejecución subsidiaria para evaluar la estructura de la antigua fábrica de harinas en Alfau

La Consejería de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos de Ceuta ha iniciado un procedimiento de ejecución subsidiaria contra la empresa Molinos Ceuta S.A., titular de la concesión de la nave ubicada en la Avenida Compañía del Mar, s/n, en Muelle Alfau, indican en el BOE de este viernes, 28 de marzo. Esta decisión se debe al incumplimiento de la obligación de presentar un estudio patológico sobre el estado de la estructura del inmueble, tras la declaración de estado de ruina del edificio.

El procedimiento se inició mediante el decreto del 26 de febrero de 2025, donde se establecía la necesidad de realizar un estudio técnico para evaluar el estado estructural del inmueble. Dicho informe debía contemplar el estado de los forjados de planta, pilares y muros de carga, así como determinar las patologías existentes y la viabilidad de intervención.

A pesar de los requerimientos administrativos, "ni la Autoridad Portuaria de Ceuta ni la empresa concesionaria" presentaron la documentación exigida dentro del plazo estipulado. Ante esta situación, y conforme a la normativa vigente, la administración local ha procedido a valorar la contratación del servicio para la redacción del estudio, con un coste estimado de 14.461,20 euros.

En virtud de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se ha notificado a la empresa responsable el inicio de la ejecución subsidiaria, concediéndole un plazo de diez días hábiles para presentar alegaciones o justificación documental. Además, se le insta a autorizar la entrada al inmueble para proceder con los trabajos necesarios, advirtiendo que, en caso de negativa, se solicitará la correspondiente autorización judicial.

La Consejería también ha solicitado un informe a los Servicios Técnicos municipales para determinar la posibilidad de llevar a cabo el proyecto con medios propios. En caso de no ser viable, se optará por la contratación administrativa conforme a la Ley de Contratos del Sector Público.

El procedimiento iniciado responde a la obligación de garantizar la seguridad de las edificaciones y prevenir riesgos para las personas y bienes. La legislación vigente faculta a la administración para actuar en casos de incumplimiento de deberes de conservación, asumiendo la ejecución subsidiaria y trasladando los costos a la parte responsable.

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