Inquietud en Ceuta tras los recursos de inconstitucionalidad por el reparto de menores

Las comunidades autónomas del Partido Popular siguen dando guerra después de que saliera adelante el Real Decreto Ley que obliga a la solidaridad para acoger a menores extranjeros no acompañados en caso de que un territorio esté en una situación de emergencia. Después de meses de polémicas y desencuentros, la formación azul, que gobierna en la mayoría de regiones de España, agotará su última vía para negarse a aceptar la nueva norma aprobada en el Congreso el pasado 10 de abril. Madrid, Aragón o Baleares, entre otras, ya han anunciado que recurrirán al Tribunal Constitucional por una supuesta invasión de competencias y falta de financiación.

El recorrido que tendrá el recurso todavía es una incógnita, aunque fuentes consultadas y con amplia experiencia en el área de menores de la Junta de Andalucía durante el gobierno socialista aseguran que “no es ninguna tontería” y ven “alguna posibilidad” de que el Constitucional dé la razón a las comunidades autónomas que se quejen.

“Por un lado hay una invasión de competencias propias de las comunidades autónomas, que tienen respaldo estatutario y por otro está claro que hay una quiebra de igualdad respecto al tratamiento que se le da a Cataluña en el reparto”, explican las mismas fuentes.

Los Estatutos de Autonomía son leyes orgánicas, por lo que tienen un rango superior a un Decreto Ley aprobado en el Congreso. De hecho, un Decreto Ley no puede modificar un Estatuto de Autonomía ni contradecirlo con la normativa en la mano. En caso de que las comunidades que se sientan afectadas acudan al Constitucional, insisten las mismas fuentes, el Tribunal “no lo tendrá sencillo” sobre un asunto siempre delicado.

Tiene dudas también el diputado ceutí del PP en el Congreso, Javier Celaya, que tuvo un dilema aquel 10 de abril: votar a favor del reparto para descongestionar la tierra donde nació -y con ello romper la disciplina del partido- o mantenerse firme en la línea de los populares a nivel nacional. Eligió la segunda opción después de sopesarlo con el Gobierno de la ciudad autónoma, según cuenta a este diario.

“El Gobierno se va a imponer porque ya tiene las herramientas jurídicas para llevarlo a cabo -el reparto obligatorio de menores-. El único pataleo, la única defensa que queda es la amenaza de algunas comunidades autónomas de recurrir al Constitucional”, expresa.

Sobre si cree que va a llegar a buen puerto el recurso, Celaya es claro. “Alegarán conflicto de competencias, aunque no sé el recorrido que podrá tener. Lo cierto es que si lo acepta el Constitucional se suspendería la entrada en vigor de la norma mientras se decide, algo que haría un roto tremendo a Ceuta porque no le daríamos salida al problema. Ojalá se alcanzase un consenso entre comunidades para no llegar a ese límite”, subraya el diputado.

Ese “consenso” al que se refiere Celaya se pretende alcanzar el próximo 28 de abril durante la Conferencia Sectorial de Infancia que ha organizado el Gobierno para establecer el reglamento y los criterios con los que se llevará a cabo el reparto de menores. La solución óptima para el diputado pasa por llegar a un acuerdo entre territorios, aunque lo duda “mucho”.

“La verdad es que no quiero ser ingenuo. No veo claro que de ahí vaya a salir una solución pactada entre todos. Ojalá”, concluye.

¿100 millones?

El dinero ayudaría a calmar los ánimos. El Gobierno anunció un fondo de 100 millones de euros adscrito al Ministerio de Juventud e Infancia que se destinará a las comunidades que participen en el reparto obligatorio. Los territorios que superen su capacidad pueden acceder a esta compensación por el "sobreesfuerzo" que supone la acogida adicional.​

Las fuentes consultadas con amplia trayectoria en el área de menores admiten que “poniendo pasta a mansalva” las comunidades cederán, aunque por un lado ven “insuficientes” los 100 millones y por otro dudan de que muchos de los territorios se fíen de la palabra de un Gobierno que no ha sido capaz de aprobar los Presupuestos.

“Con 100 millones hay para 12 meses, pero ¿y más adelante? Y otro problema más serio. ¿Es fiable este Gobierno”, sostienen.

En la misma línea se expresa Javier Celaya. “El Gobierno ahora reparte, pero los gastos de momento los asumen las comunidades autónomas. Les impones de momento una carga -a través del Decreto Ley- sin contar con ellas para nada. Vamos a ver si de verdad se activan esos 100 millones porque el Gobierno es conocido por anunciar programas de todo tipo y el dinero luego no está por ninguna parte”, apunta el diputado.

El Gobierno ceutí firme

La posición del Gobierno de Ceuta (PP) ha chocado de lleno con la del Partido Popular a nivel nacional. El propio portavoz Alejandro Ramírez dio hace unos días una ‘pullita’ a las comunidades autónomas, la mayoría gobernadas por la formación azul, que anunciaban recursos ante el Constitucional. “La ley está para cumplirla”, expuso sin titubear, aunque matizó que todos los territorios tienen derecho a utilizar ese mecanismo.

Sobre estas diferencias entre el PP local y nacional Celaya se explica y, aunque entiende la situación de Ceuta, se posiciona con Génova en sintonía con su voto en el Congreso contra el Real Decreto Ley.

“Los parlamentarios nacionales representamos a la nación, aunque evidentemente, cada uno mira lo posible por sus territorios. En el PP de Ceuta estamos convencidos de que la solidaridad y el reparto son necesarios, pero a nivel nacional no se está conforme con las condiciones pactadas e impuestas por el PSOE y su bloque de investidura”, recalca.

La “falta de una política migratoria”, no levantar el teléfono para pedir ayuda a la Unión Europea o el “chantaje” por parte de Junts para sacar adelante el reparto son algunos de los argumentos que expone el diputado para razonar la postura de su partido y su voto en contra.

“Nosotros entendemos que la solución al problema es global. No es únicamente atender a esos menores unos años hasta que sean mayores de edad, sino se trata de controlar los flujos migratorios y pedir auxilio a Europa. A Ceuta no le sirve de nada reubicar a 400 menores cuando al poco tiempo va a tener otros 400”, zanja.

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