El letrado de la acusación en el juicio por el retorno de menores: “Marlaska tenía que haber declarado”

Estuvo firme y seguro durante los días que duró la vista. Lleva años peleando para conseguir una sentencia que considera justa y evidente en un caso que causó un gran revuelo no solo en Ceuta, sino a nivel nacional. Estanislao Naranjo Infante (Lora del Río, Sevilla, 60 años) llegó la semana pasada maletín en mano y sin saber cuánto tiempo tendría que hospedarse en la ciudad autónoma como letrado de la Red de Inmigración y Ayuda al Refugiado. Su tarea: acusación particular hacia la exvicepresidenta del Ejecutivo Local, Mabel Deu, y la exdelegada del Gobierno, Salvadora Mateos, por el retorno “ilegal” de menores marroquíes en agosto de 2021 tras la ‘avalancha’ de entradas tres meses atrás. El abogado atendió a este diario en un restaurante y dio su opinión sin tapujos sobre diferentes temas relacionados con la causa. “Marlaska tenía que haber declarado”, aseguró refiriéndose al Ministro del Interior. “Lo pedí dos veces y dos veces me lo denegaron”.

Tres décadas y un lustro ejerciendo han curtido a este letrado, que conoce “las leyes y las trampas” y que metió 45 años entre rejas al parricida Juan Márquez por el asesinato de su hija y su hijo en un crimen que estremeció al municipio de Ubrique. Las victorias en la sala y la experiencia le han permitido hacerse un nombre en el mundo de la abogacía sin tener que mentar a su abuelo, Blas Infante, conocido notario andaluz fusilado por falangistas.

El caso por el que llegó ahora a Ceuta ha estado, afirma, repleto de escollos desde un inicio, ya que la comparecencia de personas que el letrado consideraba “relevante” que testificaran -o se acusaran- para esclarecer los hechos le ha sido denegada en reiteradas ocasiones tanto por el Juzgado de Instrucción Número 2 local como por la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en la ciudad autónoma.

Los nombres, a juicio de Naranjo, “claramente” implicados en la toma de decisiones para aplicar aquellos días de agosto el acuerdo bilateral con Marruecos -firmado en 2007, que entró en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado en 2012 y que nunca se había activado- para empezar el retorno de 145 menores son tres: el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el secretario de Estado de Seguridad (que dimitió hace un mes), Rafael Pérez, y el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas.

“Los he pedido un montón de veces y siempre me han dicho que no. Cuando la jueza hace el auto de apertura de pruebas yo recurrí. Las defensas, como es lógico, pidieron el sobreseimiento, pero yo recurrí diciendo: no, Señoría. Ha puesto usted de acusadas a Salvadora Mateos y a Mabel Deu. Yo le recurro diciendo que me hace falta que ponga a otros tres como acusados, aunque eso suponga el cambio de jurisdicción”, sostiene, admitiendo que también le hubieran parecido relevantes como testigos.

Ese “cambio de jurisdicción” al que se refiere Naranjo sobre todo hubiera sido necesario en el caso de que Marlaska hubiera estado acusado, ya que su fuero obliga a que la causa la lleve el Tribunal Supremo. “Un abogado es el que habla por otro. Yo pido, pero no decido”.

Este diario ha tenido acceso tanto a la proposición de pruebas, como a las apelaciones, pero todas las resoluciones para involucrar de alguna forma a los tres mandatarios fueron denegadas. Naranjo asegura que no se explica cómo se puede dar una orden desde Interior, con membrete del Ministerio y nombrando al ministro en el escrito, “sin que tengan responsabilidad”. Tampoco cómo Deu llevó a cabo la instrucción del área de Marlaska sin que el presidente de la Ciudad supiera nada.

“No es lógico que “el acuerdo” entre una Delegada del Gobierno y una Vicepresidenta y Consejera de Presidencia se realice sin el conocimiento directo del Presidente de la Ciudad Autónoma, máxime cuando las expulsiones de los menores fueron públicas y ampliamente difundidas por los medios de comunicación. Se trata de una exculpación más política que jurídica ya que ni siquiera se ha considerado su comparecencia como testigo”.

La respuesta por parte de los juzgados fue tajante: “Aclara la parte solicitante que se trata de que dichos testigos se manifiesten acerca de las gestiones, diplomáticas y/o administrativas, que se llevaron a cabo para dar cumplimiento al Acuerdo Internacional con Marruecos, sin embargo, tales gestiones no sustituyen a los trámites administrativos previstos en el RD557111 en sus art. 191 y ss. Por ello no se estima que su testimonio sea relevante para la instrucción de la causa”.

Aunque hubiera constancia fotográfica, recuerda Naranjo, de las reuniones en Madrid entre autoridades de la Ciudad Autónoma, de Presidencia del Gobierno y de Interior, la Audiencia Provincial en la resolución de la apelación fue en el mismo sentido que Instrucción.

“Debe desestimarse la solicitud, ya que de concurrir la justificación que esgrime la acusación popular, las declaraciones deberían llevarse a cabo no en calidad de testigos sino de investigados (...) No se deducen indicios de criminalidad”, afirmaron tras las declaraciones de las acusadas y los testigos.

Naranjo, para afianzar su posición de que los mandatarios pudieran estar involucrados, lanza una pregunta al aire. “¿Por qué a Salvadora Mateos la representa un abogado del Estado y a Mabel Deu el letrado de la Ciudad Autónoma cuando no es una obligación, ya que ninguna ostenta actualmente el cargo de Delegada del Gobierno o Vicepresidenta?”.

El giro con el Secretario de Estado

A pesar de haberle negado en varias ocasiones por parte del Juzgado de Instrucción y de la Audiencia Provincial la testifical de Rafael Pérez, finalmente, viendo el protagonismo que estaban teniendo tanto él como Marlaska, la fiscal Silvia Rojas pidió que declarara por videollamada el secretario de Estado de Seguridad. La jueza Rosa De Castro, a la vista de lo escuchado durante la vista, lo aceptó para sorpresa de Naranjo. “Lo pedí, como dije, muchas veces. Nadie lo hizo, pero al final al Ministerio Público se lo concedieron, como tenía que haber sido desde un inicio”.

Pérez, que dimitió de su puesto hará un mes, mostró durante su declaración una amnesia generalizada sobre aquellos días y dejó de lado a Deu, que aseguró en todo momento que cumplía órdenes de Interior para llevar a cabo el retorno de los niños marroquíes a pesar de las advertencias de “ilegalidad” y posible prevaricación tanto de la jefa del Área de Menores, Antonia Palomo, como de Amnistía Internacional, del Ministerio de Derechos Sociales y otras asociaciones.

El secretario de Estado mantuvo que desde su área mandaban “solo comunicaciones”, pero no órdenes. Como se comprobó en el juicio, las competencias por aquel entonces en cuanto a garantizar el bien superior del menor las tenía, además de la Ciudad Autónoma, el Ministerio de Derechos Sociales.

El colapso de aquellos días en Ceuta, unido a la activación del acuerdo con Marruecos, pero sin tener en cuenta la normativa española -que obliga a que el proceso con cada niño sea analizado cuidadosamente y, por tanto, se demore- propició una serie de decisiones desde arriba que chocaron frontalmente con las competencias autonómicas.

15 años de inhabilitación

La fiscalía pide 12 años de inhabilitación especial para Mateos y Deu, Naranjo, en cambio, reclama 15. Ministerio Público y acusación particular también exigen la pérdida de honores por los cargos que ocupaban.

“Pido 15 porque pienso que fue un delito de prevaricación continuado. Si hubiera sido un menor o dos…Pero fueron 15. Y porque el Juzgado de lo Contencioso Administrativo lo detuvo. Sino al final acaban con los 145 de la lista”, subraya.

Eximente de obediencia

Naranjo, fumador empedernido, puso en duda desde un restaurante céntrico de Ceuta uno de los principales argumentos de las dos acusadas y de algunos testigos: la eximente de obediencia. Si la orden la dio el Ministro “yo la cumplo”, decían. “Para empezar no tenía ni competencias”, apunta.

La eximente de obediencia la explica el letrado de forma didáctica. “Es muy sencillo. ¿Qué pasa, que al cumplir la orden ya no tienen responsabilidad? Eso solo pasa cuando el cuerpo es jerárquico. La Legión, la Policía Nacional, la Guardia Civil…No es el caso. Cuando lo que se está pidiendo es manifiestamente ilegal, si se conoce, como ya avisaron muchos, la culpa no solo es de los de arriba”, concluye.

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