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CONSEJO DE GOBIERNO
El Gobierno de Ceuta ha recordado que tiene vigente plan de inversiones plurianual que se desarrollará entre 2025 y 2028 y que contempla una asignación prioritaria para la ejecución del plan de vivienda, que absorberá más del 60 % del presupuesto total previsto.
Así lo ha resaltado este lunes el portavoz del Ejecutivo local, Alejandro Ramírez, durante su comparecencia tras la reunión del Consejo de Gobierno, en la que ha subrayado la “importancia estratégica” de este proyecto para atender la demanda habitacional existente en la ciudad autónoma.
“El plan de inversiones va del año 2025 al 2028 y, efectivamente, más del sesenta por ciento se destinará a la ejecución del plan de vivienda”, ha precisado Ramírez, quien ha detallado que la coordinación del proyecto seguirá recayendo en la Vicepresidencia Primera y en la Consejería de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda.
El plan contempla la construcción de viviendas en régimen de alquiler adaptadas a distintos niveles de renta, con el objetivo de facilitar el acceso tanto a familias con ingresos bajos como a personas con rentas medias que no pueden acceder al mercado libre. En este sentido, el portavoz ha destacado que “se cubrirán todos los tramos de renta”, lo que permitirá atender a una población diversa.
La ordenanza aprobada en fase inicial establece tres niveles de alquiler: uno de carácter social, con rentas de hasta 180 euros mensuales; un tramo intermedio de 360 euros; y un tercero que alcanza los 600 euros, destinado a unidades familiares con rentas más elevadas. Estos importes se han fijado tomando como referencia el IPREM y coeficientes aplicables según los ingresos y la composición familiar.
Ramírez ha señalado que el modelo sigue los criterios adoptados por otras administraciones y ha citado como ejemplo la promoción proyectada en Padre Feijóo, destinada a personas mayores, que contempla requisitos específicos de renta para acceder a sus viviendas.
El portavoz también ha destacado que estos alquileres, además de facilitar el acceso a la vivienda, contribuirán a la sostenibilidad económica del propio plan, al permitir la reinversión de los ingresos obtenidos en futuras promociones o mejoras urbanas.
Asimismo, ha recordado que, tras la publicación de la ordenanza esta semana, se abrirá un plazo de alegaciones de 30 días para que los grupos políticos o ciudadanos puedan proponer modificaciones. “Si algún grupo quiere realizar una aportación, recomendación o corrección, se estudiará, y será el Pleno quien decida cómo queda definitivamente la ordenanza”, ha afirmado.
Por último, Ramírez ha recalcado que el diseño del plan ha tenido en cuenta tanto las necesidades sociales como la viabilidad del proyecto. “Pretendemos cubrir a personas que tienen trabajo pero no pueden acceder a una vivienda nueva, así como a colectivos en riesgo de exclusión social”, ha concluido.
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