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SINDICATOS
La sección sindical del Centro Penitenciario de Ceuta de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) quiere poner en valor "el buen hacer de la plantilla de trabajadores, algo que se pone de manifiesto a tenor de los datos correspondientes a 2024 facilitados por el Ministerio del Interior sobre los objetos prohibidos aprehendidos en el Centro de Fuerte Mendizábal", sostienen en un comunicado.
Según cifras facilitadas por la entidad sindical, "el pasado año se incautaron en la cárcel de Ceuta 28 teléfonos móviles, además de 2 objetos punzantes, 941,56 gramos de cannabis, 0.54 gramos de cocaína, 140.5 unidades de benzodiacepinas, 1.5 unidades de antipsicóticos, 62 unidades de otras sustancias psicoactivas y 1 unidad de otros psicofármacos, entre otras prácticas ilegales".
Para CSIF, "estas cifras evidencian no solo el ingenio de algunos internos para la fabricación de armas y la introducción de sustancias prohibidas, sino también los desafíos que enfrenta la administración penitenciaria en materia de prevención de la violencia, seguridad interior y dotación de recursos humanos y materiales. Los datos sobre decomisos de objetos prohibidos no dejan de aumentar, corroborando el aumento de la peligrosidad para los trabajadores".
A consecuencia, "muestran la enorme preocupación existente entre todo el colectivo de empleados penitenciarios por la escalada de agresiones que están sufriendo, actualmente un trabajador penitenciario es agredido cada 20 horas y se han registrado más de 1000 agresiones en los últimos dos años. Además de las agresiones físicas, la Central Sindical alerta también del aumento de las amenazas, coacciones y situaciones de tensión que no siempre se registran como agresiones, pero que afectan de forma directa al clima laboral en prisión".
Por su parte, CSIF exige "medidas contundentes y urgentes para frenar la tendencia al aumento progresivo de violencia en las prisiones españolas. Los responsables del sindicato en la prisión ceutí señalamos los principales motivos que explican esta situación a nivel nacional, de un lado la incorrecta clasificación interna de los reclusos, con internos que deberían estar en primer grado, el más restrictivo, ubicados en módulos de segundo grado, lo que genera conflictos con funcionarios y otros presos".
La organización sindical, que "ensalza la labor diaria de los trabajadores penitenciarios", denuncia que "operan en condiciones cada vez más precarias, con carencias en áreas como la sanitaria, una situación que se agrava durante el periodo vacacional y donde recordemos están pendientes las transferencias a las CC.AA de los servicios e instituciones sanitarias dependientes de Instituciones Penitenciarias desde el año 2003 cuando se promulgo la ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, actualmente solo Cataluña, Navarra y País Vasco ostentan esta competencia".
Para CSIF, "los diferentes gobiernos que hemos tenido del año 2003 en adelante se escudan en que las CC.AA. no solicitan la transferencia de la sanidad penitenciaria, pero son incapaces de predicar con el ejemplo y transferir la misma en Ceuta y Melilla donde las competencias de sanidad continúan en manos del Estado, concretamente del INGESA y que la Disposición Adicional 6ª de la citada Ley 16/2003 recoge" añadiendo que "exigimos soluciones y poner fin a la falta de voluntad de la Administración para dar cobertura, protección, así como dotar de más herramientas para el desarrollo de las condiciones laborales en las que el colectivo de trabajadores penitenciarios desempeña su labor, de una vez por todas".
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