UGT duda de la cualificación de la secretaria general y el interventor de la Ciudad

La FeSP-UGT en la Ciudad Autónoma de Ceuta lleva años denunciando que los principales puestos en cualquier Administración y que deben velar por la legalidad y la transparencia llevan dos décadas, es decir, todo el tiempo de mandato del presidente Vivas “ocupados por personas que carecen de la cualificación profesional para desempeñarlos y por tanto los que deben controlar la gestión al señor Vivas dependen únicamente de su voluntad política en estos cargos que son retribuidos generosamente”.

Esto ha llevado al delegado sindical, Antonio Ramirez, a remitir un escrito al consejero de Economía, Hacienda, Función Pública y Empleo, Alberto Gaitán, a que informe “de manera urgente” la justificación por la que la actual secretaria general del Ayuntamiento presta servicios retribuidos y que además el nombre de la actual secretaria general aparezca firmando distintas retribuciones cuando, a juicio de UGT, no consta que exista una resolución publicada con el nombramiento de secretaria general.

Como indica el sindicato, en el caso de la Secretaría General, “dicha plaza no ha sido jamás convocada por concurso durante el mandato del presidente Vivas, por lo que ignoramos la persona que la ‘okupa’ en calidad de qué la mantiene y si sus actos tienen alguna validez”, por ello el sindicato se ha dirigido al Gobierno para pedirle que lo aclare.

En el caso de la Intervención “es tan grave o quizás más aún”, según la FeSP-UGT, ya que tal y como indican “la personas que la ‘okupa’ no es tan siquiera funcionario de habilitación nacional, resultando que el puesto de menor importancia, que es el de tesorero, si está correctamente ocupado por un funcionario de habilitación nacional que es Interventor de Clase Superior y que debería por tanto, mientras se convoca el concurso llevar las funciones de Interventor con todas las de la ley”.

El sindicato critica que no haya ningún grupo parlamentario que se haya ocupado de estas graves cuestiones, y advierte que todo ello si tiene importantes repercusiones en los empleados públicos de la Ciudad, al recordar que “todas las competencias en materia de personal están en manos del Gobierno cuyos actos informa y certifica una Secretaria General ‘okupa’”.

En cuanto a la Intervención, el sindicato resalta que “el Interventor ‘okupa’ pone toda clase de pegas y trabas a cuestiones que afectan a empleados públicos indefensos ante sus actos”, asegurando que anualmente a los empleados públicos “le hurtan 220.000 euros que les corresponden para su plan de pensiones, porque salen de la masa salarial consolidada y que la Intervención ‘okupada’ se niega a revertir a su destino legítimo, y sin embargo no encuentra ningún problema en que el Señor Vivas sea el cuarto alcalde mejor retribuido de España, superando en más de veinte mil euros su límite legal, o les pague la indemnización por residencia o se esté pagando a siete viceconsejeros y 16 directores generales más una subdirectora general cuando no existe consignación presupuestaria para ello”.

Además, el sindicato también denuncia que “tanto el Interventor como la Secretaria General OKUPAS cobran aparte unas generosísimas dietas por asistir a los Consejos de Administración de las Sociedades Municipales y Organismos Autónomos, pese al informe contrario del Tribunal de Cuentas”.

Esto ha llevado al sindicato a pedir a los dieciséis diputados de la Asamblea en la oposición que, independientemente de quien sea la propuesta, “es vital para el bolsillo de los ciudadanos y para los empleados públicos de la Ciudad que todas las competencias en materia de personal reviertan al Pleno y que se obligue a un Gobierno en minoría a que se cubran de forma urgente las plazas de Secretario General e Interventor, y recuperar la senda de legalidad y transparencia exigible a todo buen Gobierno”.