La Fiscalía exige al Ingesa el listado completo, con nombres y apellidos, de su personal vacunado

La Fiscalía ha enviado un oficio a la Policía Judicial de la Policía Nacional para que requiera a la Dirección Territorial del Ingesa de Ceuta, y con carácter urgente, antes de 15 días, el expediente administrativo llevado a cabo en relación al proceso de vacunación contra la Covid-19, así como las resoluciones tanto escritas como verbales de las autoridades o funcionarios que las hubieran dictado, los criterios seguidos para llevar a cabo las vacunaciones así como la relación de las personas vacunadas hasta la fecha.

Con respecto a esta relación se exige que quede reflejado el grupo de vacunación, la categoría laboral y la adscripción al servicio o departamente correspondiente. Igualmente se solicita que se indique la fecha de administración de la primera y la segunda dosis de la vacuna.

Desde la Fiscalía se ha criticado que el Ingesa facilitara un listado en el que no quedase reflejado los nombres y apellidos de las personas vacunadas, y ha recordado a la Dirección Territorial del Ingesa que con ello obstaculizan e impiden la correcta fiscalización del procedimiento seguido.

En dicho oficio presentado a la Policía, también se apercibe al director territorial del Ingesa, Jesús Lopera, del perjuicio que la omisión de la entrega de dicha documentación puede acarrearle, advirtiendo que podría incurrir en un delito de desobediencia.

Igualmente, también se ha pedido a los directores de las residencias de Gerón, Nuestra Señora de África, y Cruz Blanca, que en un plazo urgente no superior a 15 días, aporte a la Fiscalía una relación de los residentes, empleados y personal de dichos centros que han sido objeto de vacunación, la cual deberá contener nombres y apellidos, categoría laboral, DNI y fecha de administración de la primera y segunda dosis.

En el documento, el fiscal recuerda que este requerimiento realizado “no contraviene lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y se fundamenta en lo dispuesto en los arts. 236 bis y 236 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial, preceptos que facultan el acceso de los juzgados y tribunales a datos de carácter reservado cuando ello sea necesario para el ejercicio de funciones jurisdiccionales y para el desarrollo de investigaciones penales”.

Finalmente, desde la Fiscalía también se emplaza a la Policía Judicial de la Policía Nacional a que, una vez recabada y completada la documentación proceda a la elaboración del correspondiente informe sobre la posible detección de irregularidades observadas durante el proceso de vacunación.