Aprobada la nueva Ordenanza sancionadora del Padrón con multas de hasta 3.000 euros

Durante esta propuesta, el portavoz y diputado de Vox, Carlos Verdejo, tomaba la palabra para avanzar su voto a favor de la misma, congratulándose de que “se actúe de forma decidida contra los empadronamientos ilegales, y que se rechacen las alegaciones de otros grupos parlamentarios relativas a disminuir las sanciones contra los infractores”.

Del mismo modo, Verdejo también emplazó a la Ciudad a personarse ante la Fiscalía para denunciar a esas personas que incumplan flagrantemente este reglamento.

Además de Verdejo, tomaba la palabra la diputada y portavoz de MDyC, Fátima Hamed, quien recrimintó al Gobierno que esta ordenanza “solo busca la represión de la ciudadanía en vez de mejorar los medios de la Ciudad para luchar contra el empadronamiento ilegal, lo que provoca que sean los ciudadanos los que paguen la pésima gestión del Gobierno”.

Hamed recordaba que se han producido en la ciudad “bajas por el antojo de alguien, se han reagrupado viviendas sin llegar a comprobarlo convirtiendo cuatro viviendas en un piso patera, se da de baja a los hijos que salen de la ciudad a realizar el Erasmus”, por ello emplazaba al Gobierno ha hacer autocrítica y sancionar “su nefasta gestión”, ya que para la diputada localista “con esta ordenanza son los ciudadanos los que pagan justo por pecadores”.

Además, también denunciaba que los ciudadano para intentar arreglar su situación se encuentran con citas que no se las conceden hasta los tres meses desde la petición, indicando igualmente que no hay una ordenanza igual en cualquier otro ayuntamiento, dudando que las sanciones recogidas en esta nueva ordenanza sean constitucionales.

En este sentido, la nueva Ordenanza Reguladora del Procedimiento Sancionador para los Incumplimientos de la Ciudadanía en relación a sus obligaciones con el Padrón conllevaría multas de hasta 3.000 euros para las personas físicas o jurídicas que den cobertura a falsos empadronamientos en la ciudad autónoma, donde se ha dado de baja o negado la inscripción de más de 14.000 personas desde 2012.

El texto de la nueva norma prevé considerar "infracción leve" la instrucción de "al menos dos expedientes de baja por inscripción indebida por falta de veracidad en la acreditación de la vecindad en el domicilio", lo que llevaría aparejadas multas de hasta 750 euros. Si los expedientes se elevan a tres o cuatro la sanción pecuniaria iría de 750,01 a 1.500 euros y, en el caso de llegar a cinco o más, se dispararía a hasta 3.000 euros.

Hay que resaltar que la población censada en Ceuta creció exponencialmente entre 2008 y 2012, periodo en el que el número de empadronados pasó de 77.389 a 84.018, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). El Ejecutivo local puso entonces en marcha un plan sostenido de inspecciones aleatorias" que hasta principios de 2019 propició la baja o negativa de inscripción en el Padrón de más de 12.000 personas. Solo el año pasado se tramitaron 5.873 expedientes y se propusieron 2.333 expulsiones del censo, que se ha estabilizado entre 84.000 y 85.000 residentes.

El Gobierno local, con la aprobación de esta nueva ordenanza da otro paso para incentivar "la corresponsabilidad ciudadana en materia de la dispensación de servicios públicos asistenciales o que conllevan un notable gasto en su gestión pública y cuyos destinatarios son aquellos ciudadanos que gocen de vecindad administrativa en nuestra ciudad".

El objetivo último de la nueva Ordenanza es por tanto contribuir a "establecer una concordancia entre la realidad demográfica existente entre población 'de hecho' y 'de derecho', así como mayor precisión en cuanto al número de ciudadanos empadronados que figuran en la ciudad autónoma y los que ulteriormente publica el INE".

El importe de las sanciones previstas tiene como finalidad "que la comisión de las infracciones a que den lugar no resulte más beneficiosa al infractor que el cumplimiento de la normas infringida". Se aplicarán tanto a personas físicas como jurídicas, así como a "quienes presten su consentimiento en proceder al empadronamiento o cambio de domicilio a sabiendas de su falta de veracidad".

Además, "la reiteración de conductas ilícitas, que dan lugar al disfrute de determinados derechos a terceros que sí estarían legitimados para ello podría conllevar implícita conductas tipificadas en el Código Penal tales como la de falsedad documental o la estafa".