La ANPE denuncia aumento en el número de casos de acoso y violencia contra los educadores

Un aumento de 366 actuaciones se han registrado en este curso escolar en todo el territorio español debido a la recuperación de la presencialidad en los centros educativos respecto al curso anterior, en el que durante el último trimestre los centros educativos permanecieron cerrados debido al confinamiento ocasionado por la pandemia

Desde la ANPE destacan la convivencia entre docentes y alumnos y los relacionados con los padres entre las tipologías de los casos atendidos. En cuanto a los alumnos ha ocurrido un incremento del 1 % en las amenazas de alumnos a profesores, que aumenta del 12 % al 13 %, aumentando también los problemas para dar la clase, que suben de un 21% a un 23 % en el informe actual.

Mientras que en las faltas de respeto se produce un aumento también de un 1%, pasando de un 22% a un 23%. Respecto a la problemática de acoso del alumnado al profesor, también se produce un incremento a un 12% de las actuaciones, mientras que el ciberacoso se estabiliza con un 11%. Los casos de agresiones de alumnos a profesores se mantienen en un 5%.

En lo referido a los padres, se produce un aumento en 4 de los 7 indicadores o variables recogidas en el curso 2020-21. Se observa un incremento en faltas de respeto a profesores que pasan del 27 % al 29 %; el acoso de padres aumenta de un 29% a un 30%. Destacan el dato del curso 2020/21 en el apartado del ciberacoso de padres donde se ha producido un destacable incremento pasando de un 5% en el curso 2019/2020 a un 9% en el curso 2020/2021.

Mientras que la denuncia de padres ha pasado de un 17% a un 20%. Con respecto al indicador de las presiones para subir las notas se ha producido una estabilización en un 8%. En cuanto a las acusaciones carentes de fundamento, también se ha producido una estabilización de los casos en un 27 %. Los casos de agresiones de padres a profesores se mantienen en un 2%.

Este incremento sigue la tendencia de los últimos años como consecuencia del aumento y mal uso de la comunicación de los padres con los profesores a través de las nuevas tecnologías en el periodo de crisis sanitaria en nuestro país.

En cuanto a la evolución de la salud del profesorado el 77 % de los casos atendidos presentaban unos niveles de ansiedad impropios de la tarea a realizar, un 11% mostraban síntomas depresivos y un 10 % estaba de baja laboral, obteniendo un 2% en otros.

Estos datos trascienden al propio docente puesto que un profesor con estado emocional alterado, además del sufrimiento personal que debe soportar, reduce significativamente su rendimiento profesional, lo que disminuye la calidad de la educación. En este sentido las bajas laborales generan un coste para la administración y una modificación de la propuesta pedagógica para los alumnos.

Tras el análisis y valoración de los datos recogidos en el estudio realizado, junto con la experiencia acumulada en los últimos años, ANPE y El Defensor del Profesor reiteran la necesidad de desarrollar una Ley de Autoridad del profesorado a nivel estatal, medidas reales que dignifiquen la labor docente y favorezcan un clima de convivencia adecuado, así como el establecimiento de medidas de prevención y protocolo de actuación ante casos de acoso, además de la elaboración un Plan Estratégico de Mejora de la Convivencia Escolar en los Centros Educativos, liderado y coordinado por el Ministerio de Educación, partiendo del seno de la Mesa Sectorial de Educación.

Según la ANPE, este Plan debería contar con la obligación de los equipos directivos de informar a la Dirección Provincial de Educación correspondiente, así como al Ministerio Fiscal, ante el conocimiento de un hecho que pudiera ser constitutivo de delito; un programa de prevención de acoso escolar que contemple la aceleración de los protocolos de protección a las víctimas y un plan de detección precoz de los problemas de convivencia en los centros educativos.

Del mismo modo, solicitan la actualización y cumplimiento de los Decretos de convivencia, así como los Planes de convivencia y los Reglamentos de los centros, el establecimiento de protocolos de actuación ante agresiones al personal docente de los centros sostenidos con fondos públicos y un plan específico de formación del profesorado para la prevención y detección de conflictos relacionados con la convivencia escolar, entre otras demandas