Los letrados judiciales en Ceuta exigen el cumplimiento de las mejoras laborales pendientes desde 2009

Andrés Díaz, letrado de Ejecución Civil y del Juzgado de lo Social en materia Laboral, ha fungido como portavoz de los miembros del cuerpo de letrados en Ceuta y ha explicado las razones de esta huelga que ha paralizado la administración de justicia en Ceuta y todo el país.

Señala Díaz que “en el año 2009 hubo unas reformas procesales, concretamente 22 leyes. La idea del legislador era separar las funciones de los jueces y tribunales y las funciones de los secretarios de los tribunales, ahora llamados letrados. Se pensaba que con eso los magistrados y jueces podrían dedicarse a la labor constitucionalmente reconocida que es juzgar y hacer ejecutar los juzgados, que es en definitiva resolver los conflictos que presenta la sociedad en todos los niveles, y para eso tenía que desvincularse de ciertas cuestiones procesales. Entonces a los letrados de la Administración de Justicia nos encomendaron a llevar todo lo que es la actuación procesal y toda la parte organizativa de la oficina judicial, eso conllevaba también mayor responsabilidad”.

“En el 2010, cuando entraron en vigor esas leyes nos pusimos a negociarlo con el Ministerio de Justicia, llego la crisis que sobradamente es conocida por todos, empresas despidiendo al personal, bajada de salarios a nivel de todos los funcionarios y, con un sentido de solidaridad y responsabilidad, este cuerpo pospuso las negociaciones. Después ha seguido y el legislador ha tenido que decirle al Gobierno ‘no, ya tiene un mandato de la Ley de Presupuestos Generales del Estado que le dice cumpla, reconozca ya esa adecuación salarial'. Ni con esas, trece años después el ministerio se viene a reconocer esas funciones que asumimos allá en el año 2009".

Añade el letrado de Ejecución Civil y del Juzgado de lo Social en materia Laboral que “la Ley de Presupuestos Generales del año 2021 el legislador le dio un mandato al Gobierno, y le dijo que tenía que proceder a la adecuación salarial como consecuencia de las reformas procesales acaecidas en las que se nos daba más responsabilidad, más funciones, en el sistema organizativo y procesal. Ha pasado el año 2021, hemos tenido paciencia después de 13 años, porque en esto llevamos ni un año ni dos, son trece, lo ha reconocido el legislador y el Gobierno no ha cumplido el mandato del legislador”.

Ha agregado que otra de las exigencias que hacen es el incremento del complemento específico “que le ha sido reconocido a los distintos cuerpos de la Administración de Justicia y que todavía a este cuerpo no se lo han dado. También queremos que nuestro reglamento de sustitución de letrados sea digno y justo como lo tienen los demás operadores y cuerpos que trabajan en esta administración”.

Señala así mismo, “cuestiones de menos enjundia pero también importante para nosotros como son el reglamento estatutario, el reglamento orgánico y ciertos derechos que se vayan reconociendo y que otros se vayan desapareciendo, porque no tiene sentido que exista una cuarta categoría".

Servicios mínimos

Explica Díaz que en Ceuta el 100 por 100 de los letrados ha secundado el llamado a huelga, manteniéndose en funcionamiento los servicios mínimos que están a cargo de cuatro de los doce letrados en la ciudad autónoma, lo que a decir del portavoz no significa que estos no estén apoyando la medida de presión. “Los servicios mínimos unos los cuentan a su favor, pero nosotros los contamos al nuestro porque todos los letrados han firmado un acta el viernes” en la que establecen que se suman a la huelga.

Si esta medida no produce los efectos deseados se prevé que en abril, justo antes de Semana Santa, la realización de otros tres días de huelga “y ya no sé si podría llevarse a una huelga indefinida. Está por ver si el ministerio mueve fichas y se viene a negociar”.

Los servicios mínimos que contempla el Ministerio de Justicia y que deberán permanecer activos a pesar de la huelga son los juzgados de guardia, en cuestiones de violencia de género y en el registro civil las actas registrales que pueden afectar a la ciudadanía y las causas penales que conlleven presos, medidas cautelares y medidas provisionales.

Exigen negociación

Díaz señala que “el Ministerio de Justicia esgrime que a nosotros la Constitución y las leyes no nos reconocen capacidad para estar en la negociación colectiva, eso es así, pero si hay voluntad nos podemos sentar en una mesa y oír a las asociaciones que son las representan nuestros intereses, eso es cuestión de voluntad. Luego ya, si tienes voluntad, también puedes articular una modificación de las leyes y no pasa nada, pero es que ya llevamos trece años con esto y el ministerio no mueve ficha”.

“Hay otros cuerpos a los que se les reconoció una subida del complemento específico y se les dio hace cuatro meses con los atrasos desde el 2021 como decía la Ley de Presupuestos, a nosotros no se nos ha dado ni eso”, ha continuado.

Para Días está por verse “si el ministerio mueve fichas y se viene a negociar, porque los preceptos que se han oído en la tele de representantes políticos del Ministerio de Justicia, en este caso incluso del secretario general, es que nosotros no tenemos capacidad de negociar. La capacidad de negociar la tienen los sindicatos, es obvio, lo dice la constitución, pero es que ya no se trata de si tenemos legalmente la capacidad o no, se trata de voluntad.

“Si tú quieres tener voluntad, podemos negociar en el sentido de que se nos oiga, porque nuestro colectivo, como cuerpo superior jurídico de la Administración de Justicia, tiene una especial responsabilidad, unas específicas funciones dentro de la oficina judicial, y esos intereses los tenemos que defender nosotros, nuestro colectivo, no los pueden defender otros colectivos que son ajenos a nosotros”.

Nulo interés

Consultado sobre la postura de los sindicatos que ostentan la capacidad legal de negociación ante el Ministerio de Justicia, Díaz explica que “los sindicatos generales representan a todos los cuerpos de administración de justicia, auxilio judicial, tramitadores, gestores, letrados, entonces tienen un abanico de intereses que en este mundo se mueven en función del mayor número de afiliados”.

“Nosotros, los letrados y las letradas, la afiliación a los sindicatos generales es mínima por no decir nula, no nos representan ni al 0,5 %, no sé si habrá en toda España a lo mejor 40 o 50, de los miles de letrados y letradas que hay, entonces, claro, su interés es nulo prácticamente. Nosotros tenemos nuestras propias asociaciones de letrados de la Administración de Justicia, lo que pasa es que el ministerio nos dice las asociaciones, por sí, no son suficientes para negociar. Eso es falta de voluntad, se negocia y se habla con otras asociaciones que no voy a decir nombres ahora, pero se tiene en consideración y se llega a entendimiento y acuerdos. Todo es cuestión de voluntad”.

Reivindicaciones laborales

El miércoles, los letrados pertenecientes a los juzgados de lo Social, Civil Contencioso, Penales, Menores y Vigilancia Penitenciario, Instancia e Instrucción y Contencioso Administrativo, difundieron un documento dando a conocer su intención de adherirse a la medida de presión exigiendo mejores laborales.

En dicho documentos, los letrados agrupados en la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), entre otros puntos, exigían el inicio de las reformas legislativas para el reconocimiento de su derecho a una negociación colectiva propia, el pago inmediato de los 195 euros fijados en un acuerdo alcanzado con los sindicatos, que califican de "vergonzoso" y "negociado contra los intereses de los letrados de la Administración de Justicia, y que únicamente aceptamos como pago primero y parcial de la adecuación salarial a la que obliga la ley".

Exigen además un acuerdo escrito, tangible y ejecutable para seguir avanzando en este año y en el 2023 en la adecuación salarial, de manera que se produzca una equiparación real y efectiva con el resto de grupos A1 de la Administración General del Estado.