Juan Vivas: “Defenderemos nuestra postura en la devolución de menores”

Respecto a la decisión de que la jueza que instruye el caso de la devolución de 55 menores a Marruecos el pasado mes de agosto de continuar con el procedimiento abierto contra la ya exdelegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, y la consejera de Presidencia, Mabel Deu, al entender que ambas podrían haber cometido un presunto delito continuado de prevaricación administrativa y sobre que la Red Española de Inmigración vuelve a solicitar que se cite a Juan Vivas como testigo por la devolución de estos menores porque se considera que los argumentos de la estructura de la causa para rechazar su testifical son más textualmente políticos que jurídicos, el presidente de la Ciudad volvía a manifestar, en una entrevista en La Ser, “de una manera reiterada” que estaban “actuando en el interés del menor, en eso que no quepa ninguna duda, actuamos de buena fe. Y entendiendo que cumplíamos con la atención prioritaria de atender al interés del menor”.

Volvía a confirmar, en este sentido, que “fueron retornos asistidos y en una situación absolutamente excepcional. Ceuta llegó a tener 1.500 menores no acompañados -recordaba- que estaban en una situación de absoluta precariedad y expuestos a todo tipo de contingencias y de riesgos”.

“Que nadie dude que se actuó de buena fe”, insistía. El presidente insistía también que la consejera cuenta con todo su “absoluto e inequívoco respaldo por una actuación que llevó a cabo de la que tuve conocimiento y que autoricé”.

“Esperemos que ahora que se apertura el juicio, se tenga la oportunidad de poder defender esta posición que le estoy exponiendo y que resplandezca y que se haga justicia. Confiamos plenamente en la justicia”, añadía.

Sobre si veía justificada o no la petición de tener que testificar, Vivas respondía que “cada uno está en su derecho de pedir lo que esté pertinente y yo acato, como no puede ser de otra manera, la resolución que ha adoptado su Señoría al respecto”.

El jueves se daba a conocer que la defensa de la vicepresidenta primera del Gobierno de Ceuta, ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Cádiz contra su procesamiento en el que alega que se limitó a cumplir “un verdadero mandato” de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, y que toda su actuación se realizó “en cumplimiento del mismo”. Desde su punto de vista, está sufriendo una “innecesaria pena de banquillo” y la causa debería ser archivada porque no merece reproche penal.

El escrito de Deu recuerda que el escrito sin firma procedente de la Secretaría de Estado que recibió el 10 de agosto “rogando” el inicio de las repatriaciones de niños migrantes solos “por indicación del ministro del Interior”, aunque “respetando sus derechos e intereses”, procedía de dos altos cargos, Rafael Pérez y Fernando Grande Marlaska, “magistrados de profesión y por lo tanto con amplios conocimientos jurídicos”.

La también consejera de Presidencia estima que ello le hizo entender que el procedimiento articulado al margen de la legislación española estaba “plenamente amparado en Derecho”, por lo que colaboró “convencida de la regularidad del proceso a pesar de la novedad del mismo y la sorpresa que supuso la excepcional receptividad del Estado marroquí para implementarlo”.

La jueza instructora de la causa abierta a instancias de la Fiscalía ha apreciado la existencia de indicios suficientes para sentar en el banquillo a Deu y a la exdelegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, por un presunto delito de prevaricación administrativa continuada en calidad de cooperadora necesaria y autora material, respectivamente.

Según su auto de procedimiento abreviado, ambas prescindieron “a sabiendas” para deportar a los menores “de cualquier procedimiento y del dictado de la preceptiva resolución individualizada acorde con la legalidad nacional e internacional de protección de los derechos de los menores”.

“Con su arbitrario proceder”, estima la magistrada, “hicieron absoluta dejación del deber de protección de los menores afectados que la legislación les atribuía en sus respectivas competencias, poniendo en riesgo su integridad física y moral, ocasionando un resultado materialmente injusto, sin que exista justificación para ello, ni siquiera la situación de excepcionalidad”.