Ordenan la apertura de un juicio oral por prevaricación continuada contra Deu y Mateos

Por la devolución de 55 menores marroquíes a su país en agosto de 2021 el Juzgado de Instrucción número 2 de Ceuta ha ordenado la realización de un juicio oral contra la exdelegada del Gobierno, Salvadora Mateos, y la vicepresidenta de la ciudad autónoma, Mabel Deu.

Según se ha podido conocer, el delito por el cual son acusadas Deu y Mateos es el continuado de prevaricación administrativa, solicitando el Ministerio Fiscal la pena de inhabilitación para ambas y se acuerda la permanencia en libertad de las acusadas hasta la realización del juicio.

Ya en el mes de diciembre pasado se había dado a conocer que la Fiscalía de Ceuta había pedido se condene a 12 años de inhabilitación tanto a la exdelegada del Gobierno y como a la vicepresidenta de la ciudad autónoma por la devolución de 55 menores marroquíes a su país en agosto de 2021, lo que supondría en caso de ser condenadas el no poder ejercer cargos electivos o funciones de gobierno, a lo que se sumaría la pérdida de “los honores asociados” a sus cargos y se suspenda su derecho de sufragio pasivo, que es otra de las peticiones del Ministerio Público al tribunal conocedor de la causa y que será la Audiencia Provincial.

Del 13 al 16 de agosto de 201, la delegación y la vicepresidencia ejecutaron la devolución de 55 menores hasta que la justicia dictó medidas cautelares para su paralización. La Fiscalía mantiene desde el principio que la devolución de esos adolescentes se hizo “sin seguir el procedimiento establecido por el ordenamiento jurídico vigente y, en consecuencia, sin verificar la concurrencia de los presupuestos legales que así lo permitieran”.

La operación de retorno se realizó a pesar de que la Jefa del Área de Menores de la Ciudad Autónoma de Ceuta, María Antonia Palomo, mostró en reiteradas ocasiones “su disconformidad con aquel proceder, manifestando que resultaba contrario al ordenamiento jurídico nacional e internacional”.

También el personal de la fundación SAMU que gestionaba el centro de menores advirtió a la vicepresidenta de Ceuta de “la posible situación de vulnerabilidad” y del riesgo de no estar respetando el superior interés de los menores.