El Tribunal de Cuentas señala carencias y demoras en la implementación de la estrategia de España contra la pobreza
POLÍTICA
El informe destaca que las medidas implementadas hasta ahora no han logrado revertir la tendencia, advirtiendo que la situación podría agravarse si no se adoptan medidas adecuadas
El análisis revela que España está distante de lograr el primer propósito de desarrollo sostenible establecido en la Agenda 2030, que busca la reducción a la mitad de los principales indicadores de pobreza y la erradicación de la "pobreza extrema" para el año 2030. A pesar de ciertos avances en las mediciones de pobreza, se destaca que el país no progresa lo suficiente para cumplir con los objetivos planteados.
Según la tasa AROPE, la proporción de la población en riesgo de pobreza relativa ha experimentado solo una disminución del 1,7% en siete años, alcanzando el 20,4% en 2022. El Tribunal de Cuentas alerta que España se encuentra considerablemente alejada de alcanzar la meta de reducir este indicador al 11,05% en 2030, según los compromisos de la ONU.
Adicionalmente, se señala un aumento del 4,05% en la población con carencias materiales y sociales severas desde 2015, así como un incremento del 24,5% en el número de personas sin hogar en la última década, afectando a 28.552 personas en 2022.
El informe destaca que las medidas implementadas hasta ahora no han logrado revertir la tendencia, advirtiendo que la situación podría agravarse si no se adoptan medidas adecuadas.
Una de las críticas más notorias es la falta de coherencia en las estrategias, derivada de los retrasos en la aprobación de planes estratégicos cruciales, como la Estrategia Española sobre Discapacidad y la Estrategia Nacional para las Personas sin Hogar.
El Tribunal de Cuentas también cuestiona la carencia de coordinación entre los organismos gubernamentales encargados de la Agenda 2030, incluyendo la Comisión Delegada del Gobierno, la Conferencia Sectorial para la Agenda 2030 y el Consejo de Desarrollo Sostenible.
La entidad fiscalizadora concluye que existe un riesgo significativo de que España no logre cumplir los objetivos de reducción de la pobreza para 2030 a menos que se produzca un cambio radical en el entorno económico o se implementen medidas correctivas. En respuesta, el Ministerio de Derechos Sociales cuestiona la rigurosidad del informe y sugiere analizar también la labor de otros seis ministerios involucrados en la lucha contra la pobreza.
