Para modificar el “injusto” sistema de incentivos a la contratación, “si hay que salir a la calle, se saldrá”

"Sencillamente, dejamos de premiar la contratación temporal". Así justificaba hace justo un año la ministra de trabajo, Yolanda Díaz, las modificaciones en el sistema de ayudas a la contratación que bonificaba al 50% las cuotas de la Seguridad Social. Si el anterior régimen cubría los seguros sociales de los trabajadores temporales, ahora solo bonifica a los indefinidos, que deberán superar los 3 años de contratación. De lo contrario, los empresarios están obligados a devolver todas las bonificaciones recibidas. Lo que fuera ideado por el equipo ministerial para "potenciar la contratación indefinida" ha tenido una negativa recepción en Ceuta desde que entrase en vigor el pasado 1 de septiembre.

En la Mesa del Diálogo Social mantenida el pasado 15 de diciembre entre los representantes sindicales, el Gobierno local, la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) y la Cámara de Comercio de Ceuta, se extrajo de forma consensuada que "la nueva regulación ha significado la derogación de facto de las bonificaciones". Para avalar la hipótesis, ofrecieron los últimos datos actualizados. De los 1.341 contratos formalizados durante el pasado mes de septiembre tan solo 18 se acogieron a la bonificación, lo cual supone un 1,3%, según la información facilitada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Los motivos por los que los empresarios se resisten a solicitar la subvención son desgranados por la presidenta de la CECE, Arantxa Campos. "En general, con el nuevo sistema perdemos todos", resume a este diario la abogada. Para lograr el retorno del anterior régimen de incentivos para la contratación, se muestra tan dispuesta como sus compañeros de la Confederación de Empresarios de Melilla, que hace una semana se mostraron receptivos a la manifestarse.

"Si hay que salir a la calle, se saldrá. Pero vamos, no pensamos en eso por ahora. Vamos a quemar primero otras etapas". Para ésta, puede ser "mucho más efectiva" la unión "de todos los agentes sociales y de todos los partidos políticos para explicar todo a quienes tienen que tomar la decisión". Espera que en la próxima Mesa del Diálogo Social, que se celebrará inminentemente, en las próximas semanas de enero, entre todos lleguen a un consenso. El objetivo será reunirse con los Ministerios de Política Territorial, de Trabajo y de Presidencia. "La idea es empujar entre todos".

Los "fallos"

El anterior sistema bonificaba el 50% de las cuotas que los empresarios pagaban por la seguridad social de sus trabajadores, incluidos los temporales. "Eso ahora se ha anulado por completo", comenta Campos. Desde que el pasado 10 de enero de 2023 fuese aprobado el real decreto ley que modificaba parte de este sistema de ayudas, que entrase en vigor el 1 de septiembre, solo cubre a los trabajadores indefinidos. "Lo cual supone que hemos perdido una bonificación dirigida a unos trabajadores que ya no tienen acceso a la misma".

La presidenta de la CECE quiso enfatizar que en la categoría de "trabajadores temporales" entran también quienes cubren sustituciones "por baja de maternidad o por cualquier causa". "Al perder la bonificación el empresario, también la pierde el trabajador". Para ésta, la consecuencia es que se topan con que los empresarios deben "remunerar a unos trabajadores menos que a otros, lo cual, desde el punto de vista del trabajador, no es justo".

"Y luego están todas las trabas con las que se encuentran para poder aplicar la bonificación a los indefinidos, que tienen una serie de condiciones que no siempre cumplen los profesionales a los que vas a contratar", añade. Una de las más destacables para Campos es la obligatoriedad de devolver el total de la cuantía bonificada en caso de que se despida a un trabajador de forma improcedente antes de cumplirse los tres años de contrato. "Hay que devolver todas las bonificaciones que se han recibido durante esos tres años". Para Campos es injusto, ya que "muchas veces los despidos no dependen del empresario o del trabajador, sino de temas externos".

"Ningún empresario quiere correr el riesgo de bonificarse por un trabajador que no sabe si en un futuro terminará bien o terminará mal"

"Ningún empresario quiere correr el riesgo de bonificarse por un trabajador que no sabe si en un futuro terminará bien o terminará mal". Es por esto que, considera, el número de bonificaciones en estos últimos meses en Ceuta ha sido tan reducido. Añade también que las ayudas se sitúan en este momento a 262 euros por trabajador a jornada completa.

Si bien según el anterior sistema se bonificaba el 50% en las cuotas a la Seguridad Social, que en Ceuta y Melilla supusieron en 2022 una rebaja de alrededor de 150 euros por trabajador, desde la modificación, la ayuda es de una cantidad de fija de 262 euros por trabajador indefinido. "Hasta llegar al 50% que teníamos antes hay que pedir una subvención a final de año, pero hay que esperar a ver si se dotan económicamente los presupuestos con esa subvención, y si se cumplen todos los requisitos para esa subvención".

"Empujar entre todos"

La Confederación de Empresarios de Melilla (CEME) manifestó el pasado viernes, 28 de diciembre, que el nuevo sistema "va en perjuicio de las empresas de la ciudad", asegurando no descartar organizar movilizaciones o concentraciones para alcanzar su propósito. "Hemos activados todos los mecanismos junto con Ceuta para estar unidos y llegar hasta el final, y si nos tenemos que movilizar en la calle nos movilizaremos y todo lo que haga falta", afirmó Enrique Alcoba, presidente de la CEME.

"La idea es empujar entre todos"

Así lo confirmó su homóloga en la ciudad ceutí: "Trabajamos muy codo con codo con la Confederación de Melilla, porque pensamos que tenemos muchos problemas comunes y hay buena sinergia". Aunque en cuanto a la reivindicación de las bonificaciones intentan "trabajar al unísono", "es verdad que el PP de Melilla ha decidido presentar una propuesta legislativa para derogar el real decreto 1/23 en lo referente a las bonificaciones de Ceuta y Melilla". Esto se está tramitando en el Senado, y, considera Campos, el propósito debe ser "poner de acuerdo a todos los intervinientes, a todos los partidos, a los sindicatos, a la delegación del Gobierno y al Gobierno de la Ciudad para entre todos, a nivel político, poder realizar una modificación de esa normativa".

Espera que en la próxima Mesa del Diálogo Social, que se celebrará inminentemente, en las próximas semanas de enero, entre todos lleguen a un consenso. Intentarán hablar con el Ministerio de Política Territorial, con el Ministerio de Trabajo y con el Ministerio de Presidencia. "La idea es empujar entre todos".