Tres licitaciones “insuficientes” hacen peligrar el servicio de vigilancia en la frontera

La ‘supervivencia’ del servicio de seguridad privada en la frontera del Tarajal se le está ‘atragantando’ al Gobierno de Ceuta. Dos licitaciones desiertas y una tercera ‘controvertida’ están dando que hablar los últimos días en las dependencias de EULEN, empresa que lleva desde 2018 actuando en la aduana en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Antes de las restricciones de Marruecos al ‘comercio informal’, estos trabajadores tenían la tarea de supervisar todas las mercancías que salían de las naves del Tarajal hacia el país vecino. Desde entonces su actuación junto a las autoridades en el paso fronterizo ha sido incluso recompensada con condecoraciones. La situación desde hace meses de los 50 empleados -37 fijos discontinuos- es de “incertidumbre” ante una labor que muchos prevén que desaparezca por la falta de inversión.

“Es la misma mona con diferente traje”. Así lo define el presidente del Comité de Empresa de EULEN, Javier Ríos, en una entrevista con EL PUEBLO DE CEUTA. El sindicalista tiene claro que el servicio que prestan desaparecerá viendo el presupuesto ofertado en este último concurso público. “Ninguna empresa se va a presentar si no va a tener un mínimo de beneficios”, razona. Una licitación disfrazada, pero en definitiva, igual o incluso peor que las dos anteriores que quedaron desiertas. La seguridad privada en la frontera pende de un hilo, según diferentes fuentes consultadas.

Las dos primeras licitaciones rondaban los 950.000 euros para un contrato de un año. Cifra que definieron de irrisoria en su día tanto sindicatos como los propios trabajadores de EULEN a este medio. Esta última presentada a mediados de marzo llevaba otro ‘vestido’: 3.700.000 euros. Al dividirse en los cuatro años para los que está expuesta el monto ronda los 904.128,50 euros cada 365 días. Las ofertas podrán presentarse hasta el 15 de abril.

“Es una pena, pero se va a perder. Un servicio efectivo y que cuenta con el respaldo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”, lamenta Ríos, que asegura que cuando se anunció el concurso público en los medios decenas de compañeros lo llamaron para darle la enhorabuena. “Les dije que había que leer la letra pequeña y mira”, recalca. Pocas esperanzas tiene el sindicalista de que alguien puje viendo la propuesta. Los empleados de EULEN llevan años trabajando codo con codo con las autoridades en una de las principales conexiones de España con un país de actitud normalmente beligerante. “La situación de los chavales es muy mala. Tienen incertidumbre. No saben qué pasará de aquí a unos meses”.

Como ya denunciaron en su momento tanto trabajadores como sindicatos, la licitación parece no tener en cuenta las subidas salariales de los empleados, firmadas mediante un convenio en 2016 hasta el próximo 2026. Sobre este asunto se pronunció el portavoz del ejecutivo local, Alejandro Ramírez, en respuesta a este medio el pasado martes después del consejo de Gobierno. “No tengo la información específica, pero siempre se puede hacer una mejora sobre el contrato que se adjudica si no tiene incluida la mejora salarial”, comentó. Este aspecto actualmente no es el que preocupa a los empleados de EULEN. “Tiene razón. Se adaptaría un pliego, pero ese es el menor de los problemas. No solucionaría nada", subraya Ríos.

El sindicalista insiste en que la solución real es la “desvinculación” de la ciudad autónoma de la delegación del Gobierno. “Deben adaptarse a las necesidades actuales. Todo ha cambiado desde ese convenio que se firmó en 2016”, resalta. El secretario de Organización de Comisiones Obreras (CCOO) de Ceuta, Ángel Lara, tiene una opinión similar. “Habría que renovarlo -el convenio- y la dotación mayor debería de ser para la seguridad privada. Hoy por hoy es lo que toca. El convenio es antiguo y está enmarcado en otra serie de servicios que actualmente no se prestan”, destaca refiriéndose a esa época de auge y movimiento en las naves del Tarajal previo a las restricciones de Marruecos.

Los que se verían afectados directamente por la falta de seguridad privada en la frontera serían los usuarios, argumenta Ríos. “Perderá la fluidez con la que cuenta en la actualidad. Nuestra ayuda es fundamental, a la vista está que hemos sido condecorados por nuestra labor. Tenemos un gran apoyo tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil”. Actualmente hay seis vigilantes de EULEN por la mañana y por la tarde, además de tres por la noche. También existe una bolsa de horas de empleados a disposición de las autoridades para momentos concretos: esos fijos discontinuos que trabajan entre tres y cuatro meses.

“Queremos que estos empleados tengan un contrato en condiciones. Que trabajen su año entero, que se puedan comprar un coche o una casa. En definitiva, que puedan vivir como una persona corriente y tengan un oficio estable”, razona Ríos. Desde el comité de empresa de EULEN no descartan manifestaciones en el próximo mes de mayo si quedara desierta por tercera vez la licitación y siguieran con la sensación de incertidumbre.

“Racaneo”

Las circunstancias en Ceuta cambiaron con la aparición de la pandemia en 2019 y las restricciones en la frontera con Marruecos algo antes. En su momento había un presupuesto destinado a que la seguridad privada llevara a cabo una serie de trabajos en las naves del Tarajal, hoy desiertas, y la Guardia Civil se encargaba del paso fronterizo.

Tras un acuerdo entre la Ciudad y el Gobierno de la nación -que es realmente el que tiene las competencias en la frontera- se estableció que serían tanto las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como la empresa Eulen los encargados de velar por el buen funcionamiento de una zona en la que hay una gran afluencia de personas.

“Aquí parece que se va al racaneo. Se pasan la pelota entre la delegación del Gobierno y la Ciudad. El presupuesto que han ofrecido para esta última licitación es muy ajustado y los fijos discontinuos, con inestabilidad laboral, seguirán siéndolo. Yo creo que volverá a quedar desierta”, asegura Lara. Los 50 empleados actuales -medio centenar de familias- llaman continuamente a la puerta de los enlaces sindicales para conocer de primera mano la situación.

Una de las fronteras que tiene España con África sigue sin tener adjudicada la seguridad privada. Pocos prevén que alguna empresa se preste a gestionar el servicio. Sus empleados actuales, sometidos ahora a una gran carga de trabajo, siguen expectantes y con la posibilidad en mente de perder sus empleos.

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