Una pinche interpone un recurso contra el INGESA por saltarla en la bolsa de empleo

Una ceutí inscrita en la bolsa de empleo del INGESA para la categoría de pinche interpuso en 2023 un recurso de reposición contra el llamamiento y posterior nombramiento de otra persona tras “saltarla” a ella. La justicia ceutí desestimó el caso, por lo que la afectada se ha dirigido ahora al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla en Sevilla para la interposición de un nuevo recurso contra la resolución de desestimación, ahora contencioso-administrativo.

El Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta (BOCCE) aprobó este viernes la resolución del 18 de abril de 2024, de la Dirección Territorial del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en Ceuta, por la que se acordó el emplazamiento de los interesados en el Procedimiento Ordinario 228/24, promovido ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla en Sevilla.

Fuentes sindicales, a quienes la ceutí acudió en busca de consejos, aseguran que el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria “la saltó” debido a que ésta contaba con una interinidad en otra administración pública, en concreto, trabajaba en las cocinas de un centro educativo de la ciudad. Aseguran que es la forma en que se suele proceder en estos casos. “Supuestamente, el INGESA le dice que como ella está de interina en otra administración entendían que no tenían que llamarla”.

Por otro lado, fuentes consultadas por El Pueblo de Ceuta garantizan que es obligatorio que la administración realice el llamamiento al sujeto en caso de que llegue su turno en la bolsa de empleo, independientemente de si se encuentra en posesión o no de una interinidad. Esta perspectiva es ratificada por otros expertos quienes mantienen que “no existe ninguna norma dentro de la regulación de la bolsa donde diga que se excluye a alguien por estar en otra administración”.

Los sindicalistas con los que conversó este diario aseguran que el Juzgado de Ceuta decidió “lavarse las manos” declarándose “incompetente sobre la materia” y trasladándola a Sevilla. Afirman encontrarse en procesos similares contra el INGESA con otros trabajadores, todo con relación a las bolsas de trabajo.

La afectada fue admitida para participar en el proceso selectivo, por el sistema de concurso, para acceso a la condición de personal fijo del INGESA. Como otros centenares, se examinó en la OPE celebrada en enero de 2024. Aún no han sido publicados los resultados, por los que se desconoce si será beneficiaria de la plaza fija. Tras la publicación de las notas, en caso de aprobar, deberá enfrentarse a una segunda fase cuyos requisitos se basan en los méritos. Mientras tanto, la ceutí seguirá esperando si la justicia está de su parte.

Resistir hasta aburrir

El “problema” de base, para un experto en materia sanitario-administrativa consultado por este medio y que prefiere mantenerse en el anonimato, es que las administraciones rara vez asumen su responsabilidad en casos así. “Es lo que siempre sucede con el INGESA. Tú pones un recurso y te contestan diciendo que no tienes razón, aunque sepan que la tienes. Pero dicen que no, y que vaya después al Juzgado. Como el contencioso-administrativo se demora al menos dos años, saben que la gente acaba aburriéndose. Antes de que les den una solución ya han encontrado trabajo, han aprobado una oposición… Y ya da igual”. Si “a veces” se consiguen logros “es a base de muchas denuncias”.

Lo ejemplifica con otros conflictos recurrentes, como la conciliación o la exención de guardia en el ámbito sanitario. Asegura que es habitual la imposición de “trabas” a la conciliación. Para quejarse deben recurrir, como en el caso de la pinche ceutí, al sistema de recursos administrativos, antes de ir al contencioso-administrativo. “Si yo pido una excedencia por cuidado de hijos, que se puede hasta que tienen 3 años, y no me la dan, yo interpongo un recurso de reposición. Me contestan que no y sigo desestimando. Para cuando el Juzgado me da la razón quizás el niño tiene 3 años, y ya no lo puedo pedir porque no cumplo con los requisitos”.

“Es el gran problema del personal estatutario” y de quien pretende trabajar para las administraciones públicas, “que no se pide responsabilidad a quienes resuelven, aun sabiendo que lo hacen injustamente”.