El catedrático que trabajó en la Ley del Suelo de Ceuta y Melilla: “Hicimos borradores y se paró la iniciativa”

El catedrático emérito de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Ángel Menéndez Rexach, fue contratado por el Ministerio de Transportes en 2022 para el asesoramiento técnico durante la elaboración del anteproyecto de la esperada Ley del Suelo de Ceuta y Melilla, las únicas autonomías que carecen de la misma. “Hicimos algunos borradores, y después hubo un adelanto electoral y ya se paró la iniciativa. No sé lo que ha pasado. No se ha vuelto a hablar”, ha informado el abogado minutos antes de iniciar su conferencia en la ciudad autónoma. El Gobierno local, la Delegación y varios grupos parlamentarios han reclamado en varias ocasiones la necesidad de redactar la Ley, pero la presencia política en una conferencia destinada a tratar el asunto ha sido prácticamente nula.

Menéndez Rexach ha estado este jueves en la Biblioteca Pública ‘Adolfo Suárez’ con motivo de las jornadas celebradas por la Semana de la Arquitectura, que la entidad organizadora, el Colegio Oficial de Arquitectos de Ceuta (COACE), está aprovechando para seguir reivindicando la necesidad de una Ley del Suelo de Ceuta y Melilla. En el salón de usos múltiples de la biblioteca, pasadas las 20:00 horas y a escasos minutos del comienzo de la conferencia “¿Para cuándo una Ley del Suelo para Ceuta?”, voces anónimas pertenecientes al COACE se hacían eco de la ausencia. Tan solo la directora general de Urbanismo y Vivienda de la Ciudad, Autora Visiedo, se personó en el evento. Ni rastro del presidente, del consejero, la delegada o los diputados que se han hecho eco del inexistente texto.

Menéndez Rexach tiene claro que dotar a las ciudades autónomas de una Ley del Suelo propia, como ocurre en el resto del Estado, pasa por la “voluntad política, fundamentalmente”. “Porque posibilidad de aprobar una ley es muy fácil”, palabras de las que se arrepiente al segundo de pronunciarlas. Procede a matizarlas, risueño: “Bueno, vamos a ver, es verdad que en el contexto político actual no es fácil aprobar leyes. Pero bueno, en esta quizá podría haber un cierto consenso”. Si cree el catedrático que este texto es lo suficientemente relevante como para suscitar acuerdos entre diferentes colores políticos se debe a que, de lo contrario, están permitiendo que Ceuta (y Melilla) continúe rigiéndose por una ley pre-constitucional, de 1976.

El abogado comparte la visión del arquitecto ceutí que el miércoles introdujo en las jornadas el asunto de la polémica Ley, José Luis Pérez Marín. “La ley la tiene que hacer el Estado español, pero, ¿quién la puede pedir? La tiene que pedir la Ciudad Autónoma, a través de la Asamblea”, defendió Pérez, a quien, reconoció, le apena “comprobar cómo los compatriotas canarios, de Baleares, de Andalucía, de Castilla, todos han ido redactando y perfeccionando sus leyes, precisamente para agilizar los trámites administrativos”, mientras en Ceuta y Melilla todo continúa paralizado.

El conferenciante de este jueves ha recalcado que “el único que puede renovar esa legislación es el Estado”, ya que Ceuta y Melilla, al contrario de las comunidades autónomas, “no tienen potestad legislativa”. “Sin una ley especial para Ceuta y Melilla, no es posible actualizar el régimen urbanístico de estas dos ciudades”, ha resumido. Según éste, pese a que “han pasado muchos años”, ha habido “gobiernos de distinto color político” y la ley continúa sin aprobarse, el texto sigue siendo necesario.

La Ley y el PGOU

Mientras la Ley del Suelo sigue resistiéndose, el Gobierno local anunció hace menos de un año, a bombo y platillo, el más reciente logro urbanístico alcanzado en la ciudad: la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU). Su redacción fue encargada a la empresa Prointec en 2005, y hasta 2023 (18 años después) no fue aprobado, ya en el seno de la Asamblea de Ceuta, donde algunos grupos parlamentarios (Ceuta Ya!, MDyC y Vox) denunciaron que la demora en su puesta a punto hizo del plan uno “obsoleto”.

Ha explicado Menéndez Rexach que, en caso de que se dotara a Ceuta de una ley, el PGOU seguiría siendo necesario, “no hay ningún problema de incompatibilidad”. Según el abogado, “en todas las ciudades hay una legislación estatal y de las CCAA, y, además, hay planes generales para todos los municipios”. “Aquí sería lo mismo”, ha aclarado, con la diferencia de que, al no contar Ceuta y Melilla con una ley propia, deben regirse por la estatal. “Son dos escalones normativos. El Plan General no sustituye a la ley”.

El arquitecto Pérez Marín lamentó la tardanza en la aprobación del PGOU, que lo condenó a continuas adaptaciones, consecuencia del paso del tiempo. “Entre 2005 y 2023, ese documento ha ido modificándose, adaptándose. ¿Por qué? Porque para hacer ese trabajo se necesitaba una fotografía inicial de la situación. Esa fotografía estadística, de vivienda, de déficit de equipamiento o déficit educativo o deportivo, es del año 2000. Esa no es la forma correcta de trabajar”, explicó a El Pueblo de Ceuta.

“Por lo menos tenemos un Plan General de Ordenación, podemos trabajar con él, ahora hace falta que el Gobierno lo vaya ejecutando, porque tiene cuatro años y, que yo sepa, todavía no ha iniciado ninguna actuación”, añadió.

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